La libertad de expresión

Por: Fausto Rosario Adames

El Gobierno dominicano ha sido criticado en numerosos foros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por el supuesto irrespeto a la libertad de expresión y por haber auspiciado algún nivel de presión sobre medios de comunicación o periodistas para que limiten sus críticas a la gestión del presidente Hipólito Mejía.

El principal blanco de las críticas ha sido el propio presidente de la República, quien en varias ocasiones ha utilizado palabras descompuestas contra periodistas y ejecutivos de medios, incluyendo al propio presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa de la SIP, el dominicano Rafael Molina Morillo.

El tema sigue teniendo importancia porque los organismos internacionales tienen su vista puesta sobre el país, y una de las observaciones más detalladas que hacen es a los medios de comunicación. Recientemente he tenido la oportunidad de conversar con diplomáticos que han preguntado a varios periodistas, entre los que me incluyo, su opinión sobre la libertad de expresión y si el Gobierno ejerce algún nivel de censura o presión para condicionar el trabajo de los periodistas o de los empresarios periodísticos.

Las opiniones generalmente se dividen, y hay quienes dicen que el Presidente trata con desenfado a los periodistas, pero al mismo tiempo es el más abierto de los mandatarios que ha tenido el país ante los periodistas. Y hasta dicen que no hay un solo acto de censura o ataque a los medios de comunicación que pueda presentarse como un atentado per se al ejercicio informativo. Probablemente tienen razón.

Sin embargo, observo que la censura, la presión, el ataque a un medio o a los periodistas no se produce únicamente cuando el presidente manda a prisión a un periodista sin que medie ningún procedimiento judicial, como fue el caso del articulista Marino Zapete, o cuando el presidente le enrostra en su cara a algún reportero que es empleado del Gobierno o que tiene un sueldo en tal o cual lugar y de paso no le responde la pregunta que le han hecho. O cuando un Gobernador, como el de Montecristi, manda a prisión a dos locutores por haber realizado una encuesta inusual y atrevida.

El ataque directo del presidente a un periodista, como en el caso del director ejecutivo del diario HOY, Bienvenido Alvarez Vega, a quien acusó de manipular encuestas, genera unos efectos de los que resulta muy difícil librarse, en el ejercicio profesional, tomando en cuenta que quien ha producido la acusación no es Hipólito Mejía sino el presidente de la República.

Lo mismo ocurre con las consecuencias para Rafael Molina Morillo o para Bernardo Vega, o para Miguel Franjul. Un boche del presidente es una afrenta imborrable en la carrera profesional de un periodista, independientemente de la honorabilidad del agredido. Se dirá que los periodistas deben acostumbrarse a que los cuestionen, y es cierto, pero siempre que el cuestionamiento sea político, no de carácter moral, como han sido muchos de los que han brotado de la boca del presidente Hipólito Mejía.

Pero hay un efecto poco estudiado de los boches presidenciales a los periodistas: la reacción de los dueños de los medios de comunicación, como empleadores de los abochornados. No todoslos dueños tienen la misma compostura ni la misma entereza. Hay casos en los cuales una secuencia de boches presidenciales ha terminado con la separación del director del periódico impugnado, y es ya frecuente, en los escasos medios de comunicación impresos que sobreviven a la crisis del sector financiero, mirar con mucha atención las señales del presidente para saber por dónde ir.

Esa es una tremenda debilidad de los medios de comunicación, y una gran equivocación de los propietarios que caen en la trampa de ponerse al servicio del poder. Ese poder es efímero, y entrar en su juego significa admitir que el poder del medio será también corto.

El caso Listín Diario es un ejemplo. Desde 1997 hasta el momento ha tenido tres dueños (Eduardo Pellerano, Ramón Báez Figueroa y el Estado Dominicano) y 5 directores generales: Francisco Comarazamy, Rafael Molina Morillo, Mozart Emilio Deláncer, Miguel Franjul y Emilio Herasme Peña. Esa rotación en su mando explica la crisis de hoy, probablemente la peor en toda su historia.

El Caribe es otro caso de inestabilidad, en el que los dueños y el Gobierno han metido tanto la mano que es difícil entender hacia dónde quiere ir. Desde que cambió de propietario, en 1998, hasta el momento, con el nuevo dueño, ha tenido siete directores (Antonio Emilio Ornes, Luis Canela, Fernando Ferrán (efímero en 1999), Miguel Febles, Bernardo Vega, Fernando Ferrán y Victor Tejada).

Es interesante ver que en los casos de Mozart Deláncer, Miguel Franjul y Emilio Herasme Peña, en el Listín Diario, han sido directores durante el presente Gobierno. Y en El Caribe les ha tocado ser directores en este Gobierno a Miguel Febles, Bernardo Vega, Fernando Ferrán y Víctor Tejada.

El Gobierno, independientemente de la opinión que hoy se tenga sobre su desempeño frente a los medios, debe hacer un gran esfuerzo para conservar la libertad de expresión, sin dejar que siga marchitándose, porque precisamente en este periodo gubernamental se han cerrado los diarios El Siglo, La Nación, Ultima Hora y El Financiero. El tema obliga a nuevas reflexiones, porque otros diarios podrían estar ante la desgracia de cerrar.

La Libertad de Expresión

[Publicación original: “La Prensa y el Gobierno”, 19 septiembre 2003]

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