La difusión periodística de los procesos judiciales: Ética del poder judicial y la prensa

Por: Fausto Rosario Adames

En el sistema jurídico dominicano prácticamente todas las audiencias judiciales son públicas, salvo contadas excepciones, como las vinculadas al divorcio. Eso significa que la sociedad puede hacerse presente en los tribunales a través de las más variadas formas, incluyendo la concurrencia física directa o la indirecta, a través de los medios de comunicación, que para estos casos intentan ser los ojos de la ciudadanía en los tribunales de justicia.

Sin embargo, la Ley 821 de Organización Judicial, otorga potestades a los jueces para garantizar el orden y la seguridad dentro de las audiencias públicas, y en ocasiones ha habido intentos por negar la presencia de los ciudadanos a través de limitaciones a los medios de comunicación. Estos intentos, sin embargo, no han sido significativos y ha quedado establecido el derecho de transmisión, cuando los temas lo han demandado.

La historia reciente de los medios de comunicación en el país ha dejado claramente establecido cómo, por ejemplo, un caso judicial, como el proceso penal en primera instancia seguido a los asesinos del niño José Rafael Llenas Aybar ayudó en forma decisiva a la popularidad de un canal de noticias por televisión. Las transmisiones concluyeron en septiembre de 1998, cuando la Sexta Cámara Penal dictó su sentencia criminal.

Nunca antes un juicio penal había sido tan seguido por la sociedad, paso a paso, ni siquiera el proceso que a mediados de los años ochenta se instrumentó contra el ex presidente Salvador Jorge Blanco. De ese modo las audiencias públicas de un juicio ayudaron al país a aprender aspectos desconocidos de la justicia penal, a valorar el papel de los abogados y del Ministerio Público, y a seguir como si fuese una telenovela real los interrogatorios de todas las personas llamadas a testificar en el caso.

Luego de la Providencia Calificativa que instruyó el Caso Orlando Martínez, la Décima Cámara Penal conoció el proceso y en los medios de comunicación y en la sociedad había el convencimiento de que transmitiría. Pero no, un reconocido empresario acogió la petición de uno de los implicados, y el canal de televisión renunció a la metodología del éxito, y por ese canal no se hicieron las transmisiones en directo del juicio a los asesinos del periodista Orlando Martínez.

Estoy hablando del sector privado, y de la influencia que tiene en imponer silencio a través de los medios de comunicación que controla. Aquí se habla mucho de la capacidad del sector público para imponer silencio, y para comprar medios o periodistas, y si no son comprables, de la capacidad para chantajear. La historia de la democracia dominicana tiene casos en los que se ha recurrido al asesinato para silenciar a periodistas y a medios de comunicación: Orlando Martínez, Narciso González, Enrique Piera, Gregorio García Castro, Guido Gil Díaz, siguen presentes en la memoria del país.

Hay casos en los cuales la ciudadanía prefiere seguir directamente los incidentes de un proceso judicial, sin que haya intermediarios narrando y resumiendo las incidencias.

Claro que la televisión y la radio tienen las facilidades técnicas para transmitir las incidencias de las Audiencias Públicas, pero los diarios no se quedan atrás. Por ejemplo, para el caso PEME, el diario HOY obtuvo y publicó todos los interrogatorios a los implicados, contribuyendo así a que sus lectores se crearan su propio juicio sobre un caso que alguna vez iría a los tribunales.

Se me ha pedido responder a la pregunta “¿Cómo organizar la gestión de la noticia: gabinetes de prensa en los tribunales, centralizados, descentralizados, externalizados?”. El peso de la tradición, cuanto a la forma de gestar la información, depende fundamentalmente de los periodistas y de los propios medios a sus niveles ejecutivos.

Los medios tienen su propia dinámica, que se impone generalmente a los intereses de la justicia y hasta de los periodistas. Lo que debe hacer la justicia es facilitar el trabajo de los periodistas, abrir puertas para que sin romper sus propias normas, las informaciones fluyan libremente. No hay que  pensar en ninguna estructura organizativa de comunicación distinta de la que existe: lo que le falta, comunicacionalmente hablando, al sistema de administración de justicia, es una política de comunicación que rija para todo el mundo, desde la Suprema Corte de Justicia hasta el más pequeño Juzgado de Paz del país, y que esa política de comunicación sea conocida por los jueces, por los periodistas y los profesionales del derecho.

Todo el mundo lo sabe, muchos casos antes de ventilarse en los tribunales se ventilan en los medios y eso crea distorsiones, prejuicios, engaños a las partes interesadas, presiones a los jueces, y muchas otras dificultades para una correcta aplicación de justicia.

Tenemos abogados que el mismo tiempo de firmar un contrato de servicio, para un caso judicial, incluyen en el contrato, el servicio de relaciones públicas y comunicación, como si el tribunal de la opinión pública fuese parte misma del proceso judicial.

Lo mismo habría que decir en cuanto a los tribunales colegiados. Los casos tienen las mismas características aunque la sentencia sea el resultado de la consulta interna en un tribunal de tres o más jueces. Aquí también se aplica la máxima de que los jueces hablan a través de sus sentencias. Claro, cada medio y cada periodista tiene su propia dinámica e interés en el seguimiento de la información.

 

El caso Baninter, por ejemplo, ha estado tangencialmente en los tribunales, a través del Recurso de Amparo sobre el Listín Diario, y a través del proceso de Instrucción que mantiene en prisión a varias de las personas acusadas por el Ministerio Público.

Ese caso, para los medios y para la justicia, es paradigmático. Es el fraude judicial más extraordinario de la historia del país, y de la región. Y desde antes de ser denunciado por el Gobernador del Banco Central había ya mucho temor, censura y autocensura en los medios de comunicación.

Mientras un grupo muy reducido de periodistas de televisión y radio clamaban por transparencia e información sobre lo que pasaba en Baninter, el conjunto de los grandes medios hacía mutis.

Y luego de ser denunciado por el Gobernador del Banco Central, el caso se manejó con mucha ojeriza por los medios. Para el Listín Diario no hubo fraude, y al día siguiente de que el país fuera informado sobre los detalles del fraude, ese diario aparecía con un editorial en primera página acusando al presidente de la República de “pichón de dictador”, con una fotografía en primera página del dictador Rafael L. Trujillo.

Cuatro directores de diario se fueron de bruces, como si la acusación que se hacía al banquero dueño de sus medios los implicara explícitamente a ellos, y pusieron esos medios al servicio de una causa que se comenzaba a ventilar en el tribunal de la opinión pública antes que en los tribunales.

En otros medios se recibieron mandatos verbales de cancelación, desde Washington, de los responsables de sacar un título en la portada de un periódico dominicano sobre la crisis que se incubaba en la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos.

Un alto funcionario bancario, propietario  de un medio, dio un mandato expreso al director de su periódico de que en el caso Baninter únicamente publicaran informaciones provenientes de fuentes oficiales, siempre y cuando contaran con su aprobación previa. Claro, esto no se cumplió y de haberse aceptado el país no se hubiera enterado de muchas informaciones de interés que no prevenían de fuentes oficiales, como el documento de fusión entre Baninter y el Banco del Progreso, que incluía un acuerdo de confidencialidad entre las partes por un período mínimo de seis meses.

Los funcionarios de La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, implicados en la venta de algo que no les pertenecía, presionaron a medios de comunicación del país para que no dieran a conocer informaciones de interés público en las que se ponía en evidencia sus propios delitos. Y hubo un caso paradigmático de una revista semanal que debió retirar un reportaje ya impreso y cambiar una nota editorial sobre la crisis de Baninter y la forma en que esta absorbía a la APAP.

Nunca antes había existido en el país tanta censura como la que originó la crisis bancaria en la República Dominicana. Hasta ahora no existe un trabajo periodístico, en el país, que describa lo que pasó y sigue pasando en la banca privada de la República Dominicana. Numerosos diarios norteamericanos y latinoamericanos lo han hecho, y algunos de los periodistas que intentaron hacer algo en el país para que los medios tuviesen una postura diferente, crítica como les corresponde, o han sido marginados o cancelados.

Me parece que, aparte de tener bien definida una política de comunicación, el Poder Judicial pudiera mejorar su eficiencia en el tratamiento de los casos judiciales, y de paso hacer un esfuerzo mayor al que se realiza en la actualidad para erradicar las deficiencias administrativas y éticas en todos los tribunales, porque de ese modo contribuye a que el sector privado de los medios de comunicación tenga menos oportunidad de administrar a su antojo la opinión pública, y paso presionar en una dirección o en otra la decisión de los tribunales.

17 de octubre, 2003

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