Fraude financiero y medios de comunicación

República Dominicana ha sido testigo del destape más obsceno de corrupción pública y privada de toda su historia, al develarse el más grande sistema establecido para corromper a funcionarios, políticos, militares y líderes de la opinión pública.

En la trama se hicieron socios de la succión bancaria que desde 1989 comenzó a realizarse hasta concluir con el despilfarro y desfalco de por lo menos 55 mil millones de pesos (2,200 millones de dólares), exactamente el 67% del presupuesto nacional de la República Dominicana de este año y el 15% del Producto Interno Bruto.

Las acciones fraudulentas fueron posibles por la complicidad de los funcionarios del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos y de las autoridades políticas que durante 14 años ocuparon las posiciones más relevantes del Palacio Nacional.

El fraude fue posible también por la complicidad del sistema político. El dinero que se manejó y se distribuyó entre partidos políticos, campañas electorales, legisladores, militares, periodistas, funcionarios del Gobierno, y los regalos que se hicieron vía tarjetas de crédito que portaba mucha gente, corrompió en sus entrañas al Estado, a los partidos y sus líderes, a los funcionarios públicos, a las iglesias y a la intelectualidad, y eso hizo posible el ocultamiento de la más grande conspiración económica contra el país.

Cómo es posible que sea un banco privado el que pague los gastos de inteligencia del Gobierno, o que tenga un sistema de inteligencia paralelo. Eso es contrario al todo principio ético y democrático. Como lo es que los Gobiernos hayan permitido, incluyendo a las autoridades del Banco Central y la Superintendencia, y al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, que un grupo financiero haya adquirido vorazmente tantos medios de comunicación, sin que nadie observara el peligro que ello representaba para la sociedad y para el propio Estado.

Hoy se quiere presentar el problema financiero como si fuera político, y se quiere alegar que hay un atentado a la libertad de expresión. Para que los medios de comunicación incautados por las autoridades puedan seguir subsistiendo el Banco Central tendrá que seguir emitiendo dinero inorgánico, aumentando de ese modo la masa monetario y adicionando nuevos elementos al ya traumático y difícil costo económico, que sólo en desembolsos del Banco Central ha implicado 41 mil millones de pesos.

El grupo financiero denunciado por las autoridades era el propietario del más importante de los diarios nacionales: Listín Diario, un periódico de 114 años, que ha sido ambicionado y utilizado por casi todos los gobiernos del país desde 1961 hasta la fecha. También poseía los diarios Ultima Hora (vespertino gratuito), El Expreso (matutino gratuito), El Financiero (diario especializado en finanzas) y hasta hace poco era el propietario de los diarios El Siglo (tercer matutino en circulación nacional), cerrado en el 2001, y La Nación (vespertino), cerrado también por decisión de los dueños.

Ese mismo grupo era propietario de los canales de televisión nacionales (de banda abierta) Telecentro Canal 13, Antena Latina Canal 7, y de los canales de banda cerrada Supercanal 33, Red Nacional de Noticias Canal 27, y otros, además de una compañía nacional de telecable, con más de 20 estaciones locales de televisión, y de 76 emisoras en todo el territorio nacional.

Prácticamente todos esos medios han pasado ahora ser parte del patrimonio incautado a los responsables de la quiebra del banco, de los cuales tres guardan prisión en este momento. Dos de esos medios se inauguraron en diciembre del año pasado: el diario El Financiero y el canal de televisión especializado en noticias “Red Nacional de Noticias”, sin dudas el más moderno de la República Dominicana.

Esta crisis representa un serio dilema para el país: prohibir o no que los grupos financieros sigan siendo los dueños de los medios de comunicación de la República Dominicana. Hasta ahora no ha habido ninguna limitación a ese aspecto de la libertad de empresa, pero habría que pensarlo, porque bajo en influjo de los medios de comunicación, este grupo económico conformó un imperio que utilizó para silenciar cualquier posibilidad de crítica y para impedir, con relaciones políticas y sobornos de toda índole, que su crisis se hiciera pública.

El otro dilema es para los periodistas. Muchísimos profesionales del periodismo quedaron atrapados en esa telaraña y algunos perdieron las perspectivas, pensando y sosteniendo que la decisión de las autoridades de incautarlos es un atentado a la libertad de expresión, cuando en realidad de lo que se trata es del cumplimiento de un deber y de un reclamo: poner en resguardo lo que queda del fraude los 2,200 millones de dólares a la empobrecida economía dominicana.

República Dominicana y los países de la región deben mirarse en este espejo, que guarda mucha semejanza con el caso BANESTO, de España, sólo que Mario Conde encabezó un fraude infinitamente menor en una gran economía.

 

Fausto Rosario Adames

Periodista dominicano

frosario@elcaribe.com.do

 

 

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